El asesor jurídico del Deportivo explicó con detalle el punto de vista blanquiazul del conflicto que mantiene a Oltra alejado del banquillo. Atacó duramente a la LFP, calificando la situación de «un verdadero atraco», en Radio Galega.
Prevaricación: «Delito consistente en dictar una autoridad a sabiendas una resolución injusta». Mayor contundencia, difícil. El asesor jurídico del RC Deportivo, Germán Rodríguez Conchado, se expresaba en estos términos los micrófonos de Radio Galega durante el día de ayer para explicar el conflicto que el club herculino mantiene con el Vecindario y que impide a los técnicos del conjunto coruñés sentarse en el banquillo.
Situémonos. El Dépor firma, en el año 2005, un contrato con el Vecindario. Éste concede una opción preferente al club coruñés para los chavales de la cantera canaria. A cambio, el club que preside Lendoiro, que por aquel entonces era todo un referente en el fútbol europeo, se comprometía a jugar un partido en las islas en cada uno de los tres años que duraba el acuerdo. Hasta aquí todos de acuerdo. De primera mano, llegan dos de las grandes promesas de la cantera blanquinegra. Fabricio y Aridane aterrizan junto a la Torre de Hércules para jugar en el equipo juvenil.
«Todos entendimos que el convenio se cerró en 2006. Pero llegó un nuevo presidente al Vecindario dos años más tarde, y se hizo un lío»
A partir de ahí, difieren las posturas. El Dépor, a través de su asesor jurídico en Radio Galega, explica que el Vecindario es quien debe asumir el coste de transporte y alojamiento del Deportivo, y que, como no consigue esponsorizaciones para ello al término de la primera temporada, no se disputa ningún partido. A partir de entonces, según explica Conchado, el Vecindario considera que el contrato queda sin efecto por lo que empieza a ofrecer jugadores de su cantera a otros clubes, y cita varios casos como el de Inardi al Madrid o Marco al Barcelona. En estas circunstancias, el Dépor también entiende el fin del convenio, y el Dépor no reclama la postura del Vecindario de ofrecer jugadores a otros equipos. En esta situación, no se producen, lógicamente, contactos para disputar partidos amistosos entre ambos conjuntos.
La historia prosigue, explica Conchado, cuando el Vecindario cambia de presidente. Manuel Suárez, que había firmado el convenio, abandona el club en 2008 y llega Pablo Álvarez, que «se arma un lío con el contrato firmado» y, bajo el amparo de Juan Padrón -el «verdadero jefe de la RFEF», en palabras del abogado blanquiazul, y a quien acusa duramente de concesión de privilegios hacia los equipos de la isla de Las Palmas-, reclama más de 700 000 euros al Deportivo, de los cuales el club coruñés solo reconoce 30 000 que proceden del ascenso de Fabricio en la disciplina coruñesa.
«Se le puede llamar prevaricación. Jamás me había encontrado con una actuación tan obscena desde el punto de vista intelectual»
Desde ese punto, el Deportivo manifiesta no entender los derroteros que ha tomado el conflicto. Conchado explica que en el contrato originario se especificaba claramente que el tribunal de A Coruña sería el mediador en caso de disputa, y que la «RFEF no pinta nada en esto» al no tratarse de «materia deportiva». Sin embargo, el juicio se llevó hasta Majadahonda. También se queja la entidad que preside Augusto César Lendoiro que el «juicio se haya celebrado sin sus pruebas» ya que no se le concedió la suspensión del mismo. El contencioso se salda con una sentencia no favorable para los intereses herculinos, quienes la recurren. «La RFEF ejecutó la sentencia, aunque las sentencias recurridas no son firmes ni ejecutivas. ¿Quiénes son para hacer esto?», se queja Conchado en Radio Galega. Al Dépor se le impide expedir nuevas licencias.
El Dépor sigue en desacuerdo, y acude al Comite Superior de Deportes, primero, y al Tribunal Superior de Justicia, después. Este último permite al Deportivo la inscripción de nuevos jugadores el 19 de agosto, pero tres días más tarde, se condena al Deportivo a pagar 200 000 euros. Tiene tres días para pagarlos, y como no logra recaudar ese dinero líquido con tal rapidez, pide más tiempo. No se lo concede el TSJ y el 1 de septiembre se levanta la suspensión cautelar. Y la RFEF «entendió lo que quiso» y dictó una nueva resolución impidiendo a los entrenadores del Deportivo su presencia en el banquillo. El Dépor consigue ‘in extremis’ un aval de pago de los 200 000 euros y consigue ‘sentar’ a Oltra en el banquillo ante el Hércules. Pero el TSJ vuelve a entrar en escena añadiendo que el aval no llega a tiempo, vuelve a levantar la cautelar y la RFEF reacciona impidiendo a los técnicos herculinos ejercer como tal. Hasta hoy.
«Es un verdadero atraco. Si nos quitan puntos, pagaremos lo que nos pidan. Pero seguiremos hasta meter en la cárcel a Villar, y a quien haga falta»
Más allá de la explicación de los hechos desde la perspectiva deportivista, Rodríguez Conchado se mostró muy duro con la RFEF. «No se conocen precedentes de otro equipo que haya sufrido unos ataques así por parte de la Federación Española de Fútbol. Tenemos la sospecha de que los escritos que presenta el Vecindario están redactados de común acuerdo con la RFEF. Van de la mano de Padrón. Es algo tremendamente grave. Se le puede llamar prevaricación. Jamás me había encontrado con una actuación tan obscena desde el punto de vista intelectual», acusa.
Por último, también quiso pedir la colaboración de la hinchada blanquiazul ante lo que considera una grave amenaza para su equipo. «Que se prepare el aficionado porque a lo mejor hay que movilizarse. El Dépor no paga porque no tiene que pagar la cantidad reclamada. Es un verdadero atraco. Ya hemos depositado 230 000 euros, que es más de lo que podría resolverse. Y si nos quitan puntos, pagaremos 700 000 euros y lo que nos pidan, pero seguiremos adelante hasta meter en la cárcel a Villar y a quién haga falta. Pero no vamos a poner en peligro nuestros resultados deportivos», sentenció.