El club defiende su postura en la Audiencia Provincial ante la oposición conjunta del abogado del Estado y de la Administración Concursal.
El Dépor pretende lograr una reclasificación de la deuda que tiene con la Agencia Tributaria, y que fue determinada en septiembre en un auto dictado por el Juzgado Mercantil número dos de A Coruña, el encargado del concurso de acreedores del club.
A través de dicha reclasificación de créditos, la llamada deuda privilegiada –que se caracteriza por no estar sujeta a quita- que el Deportivo tiene con Hacienda, pasó de ser de 87 a 62 millones de euros. Al mismo tiempo, esa variación se tradujo en una subida en la deuda ordinaria y subordinada, a la que se le aplica un 33% de quita.
El club que preside Tino Fernández desea que se mantenga este reparto de la cantidad adeudada al Fisco. Sin embargo, el abogado del Estado y el administrador concursal se muestran partidarios a volver a la repartición hecha inicialmente, lo cual sería muy desfavorable para la situación económica del equipo blanquiazul.
Fernández había logrado en este mes de marzo alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria para saldar el compromiso financiero de 62 millones de euros en un plazo de ocho años. Pero en el caso de que dicha cifra ascendiera hasta los 87 millones, sería mucho más difícil cumplir el calendario de pagos establecido de forma satisfactoria.
Las diferencias entre los dos criterios han surgido ha raíz de las distintas interpretaciones de las garantías constituidas por el club a favor de Hacienda durante la presidencia de Augusto César Lendoiro. El Deportivo considera que dichas garantías no tienen un carácter privilegiado, y según los abogados del equipo gallego, sería el equivalente a hipotecar la misma casa tres veces.
