Fernando Vidal anunció hace unos días que iría con todo para defender los intereses del Deportivo y en las últimas horas ha dado otro paso solicitando la suspensión cautelar de la Segunda División. El club coruñés, en un nuevo recurso a la RFEF, vuelve a pedir que se anulen los resultados de la última jornada, al considerar que no tienen validez por «vulnerar y adulterar gravemente las normas de la competición«.
A continuación solicita se paralice la tramitación de ascensos y descensos mientras exista el proceso abierto contra el Fuenlabrada, al que también denunciaron equipos como Elche, Rayo o Numancia. Además, pide «la ampliación a efectos de la temporada 2020-21 del número de equipos que conforman actualmente la Segunda División, en un número suficiente a criterio de la RFEF para asegurar el normal desarrollo de la competición, así como para evitar que se cause perjuicio a todos los Clubes afectados con opciones matemáticas de ascenso y descenso, como consecuencia del incumplimiento de la Circular 93 de la RFEF» (que notificaba de la disputa de las dos últimas jornadas en horario unificado).
En el mismo recurso, el Deportivo vuelve a recordar lo que en la Plaza de Pontevedra consideran como todas las irregularidades que cometió el Fuenlabrada y que, a su entender, deberían provocar el descenso del equipo madrileño. En el escrito se destaca, incluso, cómo existen «registros videográficos» de una conducta incorrecta por parte de los jugadores del Fuenla, utilizando las zonas comunes del hotel y las instalaciones deportivas anexas al mismo. Las infracciones muy graves de los artículos 68 y 74 de la RFEF tienen como castigo en última instancia la pérdida de categoría.
El TAD no concede medidas cautelares en el caso Extremadura
Lo que parece que va a tener poco recorrido es la reclamación por alineación indebida del Extremadura en el encuentro de la jornada 40. Después de la negativa de Competición y Apelación, el club blanquiazul acudió al TAD para solicitar medidas cautelares y ha recibido otro no como respuesta. Según apunta La Voz de Galicia, el organismo considera que no le corresponde tratar siquiera este asunto, pues no entra entre los casos de posible estudio de la adopción de medidas cautelares.
