Mientras el gobierno debate en el Parlamento los puntos de unas nuevas medidas para prevenir la participación de menores en actividades de apuestas, los operadores ya están actuando, motivados por cambios en el sistema de identificación de de la Dirección General de Ordenación del JUego, vigente desde marzo de este año.
Ambos movimientos se enmarcan en una tendencia internacional que busca reforzar la protección al jugador, reducir los riesgos de adicción y garantizar una supervisión más eficaz de las plataformas de juego online y físicas.
Nuevo modelo de datos de la DGOJ: tecnología para proteger
Mientras el legislador actúa sobre el acceso, el regulador afina su capacidad de supervisión. El pasado 22 de marzo de 2025 entró en vigor la tercera versión del modelo de datos del sistema de monitorización de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
Esta nueva normativa, publicada en el BOE en junio de 2024, establece nuevas obligaciones de reporte y control para los operadores, tanto en el plano técnico como organizativo y responde a la necesidad de modernizar un sistema que había quedado rezagado
A partir de ahora, la tecnología acompaña los preceptos del Real Decreto 176/2023, centrado en promover entornos de juego más seguros. También incorpora exigencias derivadas del Real Decreto 958/2020 sobre comunicaciones comerciales, que, aunque no impide la oferta de promociones como €10 bono sin depósito, sí que ha generado nuevos tipos de datos que el regulador debía comenzar a rastrear de forma sistemática.
¿Qué cambios impone el nuevo modelo?
Entre las novedades más importantes se destacan la obligación de identificar jugadores con perfiles de riesgo, una categoría que permitirá a la DGOJ anticiparse a comportamientos problemáticos.
Asimismo, con el nuevo modelo se introduce la necesidad de reportar sesiones de juego de forma conjunta bajo el concepto de “Otros Juegos”, lo cual implica cambios en la experiencia de usuario, al impedir abrir nuevas sesiones sin cerrar las anteriores.
El modelo también optimiza el sistema de reportes, permitiendo a los operadores informar no solo de los límites de depósito, sino también de gasto, tiempo de sesión y participación. Esto permitirá un control más fino sobre las conductas de riesgo y una evaluación más detallada del cumplimiento del juego responsable, tanto en casino como en apuestas de deportes.
Por otro lado, se amplían las exigencias en cuanto a la retención de datos de identificación, lo que obliga a las empresas a revisar sus políticas internas de almacenamiento, protección de datos y trazabilidad.
El impacto que sentirán principalmente los operadores
Como siempre que se hacen cambios en un sistema, surgen dificultades. Una de las más complejas es la adaptación del Sistema de Control Interno (SCI), que deberá ser actualizado para poder recopilar y reportar los nuevos parámetros exigidos por la DGOJ.
A pesar de que la resolución no exige pasar por la certificación externa nuevamente, sí que requiere ajustes en la arquitectura del software, en las bases de datos y en los procesos de verificación, lo cual puede desembocar en esa necesidad.
Este rediseño operativo también puede tener implicaciones comerciales, como agregar complejidades a las sesiones simultáneas. Al mismo tiempo, incorporar advertencias personalizadas puede generar fricción en la experiencia de usuario y afectar la retención de clientes. Aun así, se considera un paso necesario hacia una industria más ética, alineada con las buenas prácticas internacionales y en busca de resultados favorables.
Además, la inclusión de métodos de verificación de identidad más sofisticados y la clasificación de jugadores en función del riesgo podrían también ayudar a prevenir la suplantación de identidad. En 2023 el INCIBE reportó varios casos de jugadores que habían sufrido este ciberdelito.
La motivación detrás de la medida: los datos que impulsaron a la acción
Un informe nacional de 2022 encendió las alarmas: el 21,5% de los adolescentes españoles entre 14 y 18 años declaró haber jugado por dinero, sea en línea o presencial, en el último año. Esta cifra fue suficiente para que el Grupo Parlamentario Socialista (SPG), en representación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), impulsara un proyecto legislativo para reforzar los controles de identidad en el acceso al juego.
La propuesta legislativa, actualmente en tramitación parlamentaria, contempla la instalación de sistemas de verificación en máquinas físicas como tragamonedas y terminales de apuestas. El objetivo es evitar que accedan tanto menores como personas auto excluidas del juego. Además, se plantea una revisión de los diseños de los juegos en línea, para reducir sus componentes adictivos.
Desde el Ministerio de Sanidad se espera también la publicación de un informe que refleje un descenso en los casos de juego problemático, aunque persisten preocupaciones respecto a la exposición temprana a este tipo de contenidos.
“La participación de menores en juegos de azar tiende a aumentar con la edad, y la intervención temprana es crucial para prevenir daños sociales y personales a largo plazo”, señaló el SPG en un comunicado.
La iniciativa, aprobada por la Comisión Mixta para el Estudio de las Adicciones el pasado 27 de enero, aún debe ser debatida en el Congreso de los Diputados y el Senado. No obstante, refleja un giro claro hacia una política más proactiva en la protección de colectivos vulnerables.
