La sombra del amaño de partidos alcanza otro descenso del Deportivo

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Tras la reciente sentencia sobre el Levante-Zaragoza, la Justicia tiene entre manos otro caso de corrupción en el fútbol español. La Audiencia de Navarra celebra esta semana un juicio por supuestos amaños del Osasuna que pudieron afectar al Deportivo. El que fuera gerente del club pamplonés, Ángel Vizcay, ha declarado que en mayo de 2013 pagaron al Valladolid por ganar al club herculino.

En aquel momento, faltaban cuatro jornadas para que terminase la liga. Los coruñeses ocupaban el puesto 18 de la tabla con solo un punto menos que el Osasuna. Según el exgerente, el club navarro pagó 150.000 euros al Valladolid por ganar al Deportivo. El equipo herculino terminó esa temporada descendiendo a Segunda, con Fernando Vázquez en el banquillo.

No fue el único partido que está en el ojo de la Justicia por supuestos amaños. En la siguiente jornada repitieron supuestamente el mismo procedimiento con el Betis-Celta. “Tanto Celta como Deportivo eran rivales clasificatorios próximos y se primó a los que jugaban contra ellos”, declaró Ángel Vizcay. Para mayor sospecha, en los dos encuentros citados hubo dos goles anulados a los conjuntos gallegos por fueras de juego inexistentes.

Sin embargo, el que era presidente del Osasuna en aquel entonces, Miguel Archanco, contradice esta versión y niega los amaños. El máximo directivo rojillo ha declarado que no se pagaron “cantidades a jugadores de otros clubes” y únicamente hubo primas a sus futbolistas.

Amaños que provocan descensos

Los supuestos amaños de Osasuna que pudieron afectar al Deportivo recuerdan al otro gran caso de corrupción en el fútbol español. Aquel Levante-Zaragoza que condenó al equipo herculino a descender en la 2010/11. Aunque la sentencia no consideró probada la adulteración del partido, la Fiscalía Anticorrupción tiene recurrida la decisión del juez.

El Ministerio Púbico considera que no se ha dado una explicación “lógica y conjunta” de los indicios acreditados durante el juicio. Para el fiscal, el magistrado alcanzó unas conclusiones “incoherentes” con los datos objetivos, informes, documentos bancarios y libros contables.

 

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